Golpe a la libertad de expresión en Perú: el comunista Castillo cierra PBO Radio

Los peruanos comienzan a vislumbrar la pesadilla que se les viene encima con el Gobierno del comunista Pedro Castillo. La Fiscalía General de Perú, en conjunto con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ha cortado sin notificación previa la señal de la estación de radio PBO Radio 91.9FM, una de las principales radios opositoras al régimen. “Esto para mí es un evidente atentado contra la libertad de expresión”, ha denunciado el periodista peruano Phillip Butters. Castillo ordenó dejarla sin señal tras el cierre de las instalaciones ubicadas en el distrito Chorrillos, en Lima.

La radio PBO Radio 91.9FM es propiedad de Radio Tigre. La argucia utilizada por Castillo, emulando los métodos censores de Hugo Chávez, fue denunciar que la radio tenía su licencia de emisión caducada. «La Dirección de Sanciones en Comunicaciones del ministerio solicitó el descerraje y allanamiento de una caseta de transmisión en el Morro Solar debido a que se verificó que, desde allí, Radio Tigre S.A.C. (RADIO PBO) utiliza la frecuencia 91.9 Mhz de la frecuencia modulada para difundir una señal de radiodifusión sonora sin contar con autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones», según la disposición de la Fiscalía peruana a la que ha tenido acceso OKDIARIO

“Sucede que la empresa Radio Tigre S.A.C. (RADIO PBO) fue titular de una autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en la banda de la frecuencia modulada, la misma que fue declarada extinguida por Resolución Viceministerial N° 648-2019-MTC/03, lo cual fue notificado y se inició un procedimiento administrativo que concluyó con la extinción de la licencia en el año 2019″, señala el MTC. Es el mismo argumento -no renovarle la licencia- que empleó Chávez para cerrar Radio Televisión Caracas (RCTV) en 2007.

Aquí tiene Borrell al flamante Castillo cerrando radios como Chávez. Alguno creía que los comunistas peruanos no iban a portarse como los comunistas bolivianos, venezolanos, cubanos, rusos, chinos o españoles. Estrangulan la verdad porque viven de la mentira. Regla sin excepción. https://t.co/4w9Av7thei

— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) January 26, 2022

El conocido periodista opositor al régimen, Phillip Butters, denunció que «llegaron unos sujetos, no se han identificado, con chalecos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, otros con chalecos de la Fiscalía, no han dejado ninguna notificación, han ingresado, han hecho un descerraje y se han llevado un equipo. Cuando le han dicho firmen un papel al wachiman (un vigilante) que había ahí, los señores no se habían identificado y no han dejado ninguna notificación”, explicó durante su programa en vivo en PBO.

“¿De dónde puede venir eso? Porque al no haber dejado ninguna notificación no sabemos a qué atenernos. El ministro de Transporte y Comunicaciones y la fiscalía también nos va a tener que dar una razón de esto. ¿Por qué?, ¿de dónde viene esto?”, cuestionó.

«Han ido ellos y han puesto un candado. Con quien tratan en esta situación de esta naturaleza es con un wachimán, con nadie más. Lo que normalmente pasa es que dejan una notificación. Si el wachimán, de cualquier edificio se niega a firmar la notificación dejan igual el papel debajo de la puerta porque si no, no existiría ningún tipo de actuación fiscal o penal”, señaló. “Esto para mí es un evidente atentado contra la libertad de expresión”, aseveró.

El pasado mes de septiembre, Perú Libre ya avanzó sus intenciones de acabar con la prensa libre y presentó un proyecto de ley que contempla el control del contenido de los medios de comunicación por parte del Gobierno, incluida la posibilidad «excepcional y transitoria» de asumir temporalmente la explotación directa de redes de telecomunicaciones.

«La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional», afirma el texto, presentado por Abel Reyes y respaldado por otros seis parlamentarios.